Janina Dill, titular de la Cátedra Dame Louise Richardson de Seguridad Global en la Escuela de Gobierno Blavatnik de la Universidad de Oxford, señaló que la operación militar estadounidense contra Venezuela, que culminó con la detención de Nicolás Maduro, constituye una “violación clara del derecho internacional”.
La experta afirmó que la llamada “Operación Resolución Absoluta“, que según estándares militares “fue exitosa“, “contraviene la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, consagrada en el Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas”.
Dill explicó que, aunque funcionarios estadounidenses caracterizaron la acción como una operación de aplicación de la ley, “esto no justifica legalmente la invasión ni la captura de un jefe de Estado en territorio extranjero sin consentimiento”.
Estados Unidos inició el año 2026 con una agresión militar contra una nación soberana sin ninguna justificación legal”, afirmó Dill. La académica también advirtió que los argumentos ofrecidos por Washington —como “liberar al pueblo venezolano de un régimen dictatorial, combatir el narcotráfico o proteger reservas energéticas”— “no constituyen fundamentos legales para la fuerza militar”.
Críticas a la comunidad internacional
Según Dill, la falta de explicaciones legales por parte de la administración estadounidense y la “respuesta ambigua de la comunidad internacional representan un riesgo grave para el derecho internacional”.
“El silencio sobre la legalidad del ataque demuestra que la política exterior estadounidense percibe al derecho internacional como un límite flexible, cuando no inexistente”, afirmó.
La experta señaló que la reacción de los estados europeos ha sido “insuficiente”, con declaraciones que califican la situación como “compleja” o que anuncian evaluaciones jurídicas prolongadas, como en el caso de Alemania. Para Dill, estas posturas “socavan el orden internacional, ya que cada Estado que no denuncia esta agresión contribuye a establecer un precedente peligroso”.
El caso, según la académica, difiere de la invasión de Irak en 2003, que estuvo precedida de intentos de obtener la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU y de justificar la acción en términos legales, aunque de manera controvertida. En contraste, la operación contra Venezuela se llevó a cabo “sin ningún mandato internacional ni intento de explicación legal sólida”.
Dill concluyó que, aunque la condena jurídica no imponga costos inmediatos al agresor, es “fundamental para preservar el principio de integridad territorial y la estabilidad global, y para impedir que una agresión ilegal se convierta en un precedente aceptado en la política internacional”.
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