El Gobierno de Venezuela desplegó este sábado nuevamente un plan civil y militar, lanzado el año pasado, para la reparación de centros de salud en Caracas y varios estados del país, donde funcionarios y efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) revisaron e iniciaron las reparaciones.
La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, encabezó el despliegue en Caracas, y aseguró que desde este viernes los funcionarios militares y autoridades locales acompañan a las cuadrillas voluntarias dispuestas en varios centros de salud para el «relanzamiento» de las llamadas «Brigadas Comunitarias Militares» (Bricomiles), creadas por el presidente Nicolás Maduro en junio de 2022.
«Aquí estamos con este esfuerzo de unión cívico-militar, con las comunidades, para la recuperación a través de las Bricomiles», dijo la funcionaria en declaraciones ofrecidas al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), desde un centro de salud en una zona popular del oeste de Caracas.
Añadió que en varios estados hay funcionarios atendiendo los «problemas cotidianos», que son señalados directamente por los vecinos de las comunidades cercanas a hospitales y ambulatorios públicos.
«Todos estamos trabajando conjuntamente para superar las afectaciones que ha dejado el bloqueo criminal contra nuestra patria», aseveró Rodríguez.
Por su parte, la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, insistió en que no solo se trata de reparaciones a la infraestructura de los centros de salud, pues se está revisando también el equipamiento médico y «activando los equipos de alta tecnología que complementan» estos espacios de atención.
Durante la jornada, VTV ha mostrado como se desarrollan estos trabajos de recuperación en centros hospitalarios de varios estados, entre ellos Carabobo, Yaracuy, Apure y Cojedes, además de Caracas.
El fin de semana pasado, el Gobierno reimpulsó este mismo plan (FANB) para avanzar en las refacciones de centros educativos de todo el territorio.
Un sector de la oposición ha asegurado que este plan busca «el control de las escuelas y someter a la población bajo un esquema de militarización», mientras que docentes han cuestionado la vinculación de militantes oficialistas con este programa, pues consideran que esto no contribuye con el «respeto de las finalidades y fundamentos de la educación».
