De acuerdo a lo reseñado por medios locales, la decisión de Suárez llegó después de una votación de tres a dos a favor de reinstaurar un programa de pensiones que había sido eliminado en 2009 durante la crisis financiera.
Según el programa, los comisionados y el alcalde serían elegibles para recibir una pensión después de cumplir siete años en el cargo.
En su mensaje de veto, Suárez explicó que, tras consultar con el abogado de la ciudad, se le advirtió que firmar la legislación y aceptar la pensión crearía un derecho adquirido que no podría deshacerse mediante ninguna acción o reconsideración posterior de la comisión.
«Esto me habría garantizado un beneficio de más de cuatro millones de dólares. Al acercarme a los 16 años de servicio público, nunca esperé ni busqué tal beneficio, y no creo que sea justo para los residentes de esta ciudad, que trabajan duro y pagan impuestos», escribió Suárez.
La propuesta de pensiones fue presentada por el comisionado Miguel Ángel Gabela. Argumentó que el trabajo de los comisionados es de tiempo completo y que las pensiones son una compensación justa.
La comisión de la ciudad aún tiene el poder de anular el veto del alcalde. Se lograría con un voto de cuatro quintos, aunque este resultado parece poco probable.
El veto de Suárez recibió la aprobación de muchos residentes de Miami. Una gran parte de ellos consideran que las pensiones vitalicias para los comisionados son un gasto innecesario y una carga para los contribuyentes.