En este sentido, México expresó su preocupación ante la determinación del estado de Georgia de exigir que las prisiones revisen el estatus migratorio de sus reos. Esto, con el objetivo de que se entregue a los prisioneros indocumentados al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Tal y como lo reseñaron medios locales, el republicano Brian Kemp aprobó la ley este miércoles, 15 de mayo, en el Centro de Entrenamiento de Seguridad Pública de Georgia, en Forsyth. Se informó que entrará en vigor el próximo 1 de julio.
Desde México, lo que se denunció es que la ley podría detonar graves consecuencias como la separación de familias, prácticas discriminatorias y de perfilamiento racial.
También señalaron que provocaría la disminución de las denuncias, en las agencias de orden público, por el temor a repercusiones migratorias.
«Ante esta situación, México reafirma su compromiso de proteger y defender los derechos de los mexicanos en el exterior. Por medio de nuestra representación consular en Atlanta se reforzarán las medidas de asistencia y protección consular, para garantizar una respuesta rápida y efectiva a cualquier violación de derechos que puedan enfrentar nuestros connacionales como resultado de la implementación de esta nueva ley», informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.
