Rodríguez comentó en una publicación en su cuenta de la red social X, antes Twitter, que el procedimiento para la revisión de las medidas de inhabilitación acordado por la Contraloría General de la República (CGR), es un paso más al Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos, en reconocimiento, además, a las instituciones del Estado de derecho en el país.
Hoy hemos dado un paso más en la dirección correcta, ratificando lo acordado en Barbados, para hacer respetar las decisiones de las instituciones, del Estado de derecho y la Constitución en Venezuela. Seguimos avanzando. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución… https://t.co/PjcC7e9tis
— Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) December 1, 2023
El mecanismo sostiene que los interesados deberán acudir personalmente ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para ejercer el “recurso contencioso administrativo” que corresponda contra la medida de inhabilitación; así como la solicitud de un amparo cautelar. El lapso establecido para el proceso será desde el 1 hasta el 15 de diciembre.
«La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado, conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución”, suscribe el texto.
Las partes se abstendrán a incorporar conceptos “ofensivos o irrespetuosos” contra las instituciones del Estado venezolano, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y del acuerdo consensuado, y a respetar la Constitución de Venezuela y las leyes.
Asimismo, se comprometen a “honrar y defender la patria”, sus símbolos y valores culturales, el resguardo y protección de la soberanía, nacionalidad, integridad territorial e intereses de la nación. Además, rechazarán cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de “acciones que atenten contra la soberanía”.
El procedimiento indica que los interesados deberán acatar, en el marco constitucional, la decisión del TSJ que emane de este recurso.
