La normativa, aprobada en abril por el Congreso con amplio respaldo y promulgada de inmediato por el presidente Joe Biden, fija como fecha límite el 19 de enero para que la compañía cumpla con el mandato.
La ley fue impulsada bajo el argumento de prevenir riesgos de espionaje y manipulación de datos de usuarios por parte de las autoridades chinas
Sin embargo, TikTok rechazó reiteradamente tales acusaciones, asegurando que nunca compartió información con Pekín y que se negaría a cumplir cualquier solicitud de ese tipo.
En su solicitud al máximo tribunal, la plataforma calificó la normativa como una «censura masiva y sin precedentes a la libertad de expresión», invocando la protección de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.
La empresa también denunció en un comunicado que la medida tendría un impacto económico severo, al estimar “pérdidas de más de mil millones de dólares en ingresos para pequeñas empresas” que operan en la plataforma, y de casi 300 millones de dólares para los creadores de contenido.
El recurso ante la Corte Suprema surge luego de que el tribunal federal de apelaciones de Washington rechazara una primera impugnación el pasado 6 de diciembre.
TikTok y ByteDance anticiparon que, de ser necesario, continuarán su batalla legal mediante una apelación formal ante la Corte Suprema, defendiendo la libertad de expresión de sus 170 millones de usuarios activos en Estados Unidos.
Las prohibiciones
Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y muchos países europeos han prohibido a los funcionarios gubernamentales instalar TikTok en teléfonos de uso oficial.
Y a diferencia del pasado, lo que está en juego en estos días es todavía más grande.
Cuando se habló de la prohibición propuesta por Trump hace tres años, TikTok ya estaba instalado en alrededor de 800 millones de dispositivos todo el mundo. Actualmente cuenta con 3.500 millones de descargas, según la empresa que analiza aplicaciones Sensor Tower.
