Estos compañeros fueron arbitrariamente encarcelados por la denuncia de un «patriota cooperante», es decir, de alguien al que no le conocemos el verdadero nombre, la cédula, la identidad, nada, informó Eduardo Torres, uno de los abogados de los trabajadores,
Unos 30 trabajadores venezolanos protestaron este lunes ante la Defensoría del Pueblo, en Caracas, para exigir la liberación de seis sindicalistas, detenidos en julio pasado y acusados de asociación para delinquir y conspiración.
Eduardo Torres, uno de los abogados de los trabajadores, señaló que los sindicalistas Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés y Néstor Astudillo fueron detenidos tras ser señalados por un «patriota cooperante», haciendo referencia a un informante anónimo y afecto al chavismo.
«Estos compañeros fueron arbitrariamente encarcelados por la denuncia de un ‘patriota cooperante’, es decir, de alguien al que no le conocemos el verdadero nombre, la cédula, la identidad, nada. La Fiscalía 74 no ha podido, en más de 10 meses, llevar ante juicio a este patriota cooperante», añadió ante los medios a las afueras de la Defensoría del Pueblo.
El abogado exigió al defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, que se pronuncie ante esta situación, que consideran una violación de los derechos humanos, así como abrir una investigación porque «es público, notorio y comunicacional que estos trabajadores luchaban por sus derechos».
El abogado indicó que estos casos han sido denunciados ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En septiembre pasado, Belsaí Yánez, vocera del Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales y Presos Políticos, informó a EFE que los seis dirigentes sindicales están siendo enjuiciados por los delitos de asociación para delinquir y conspiración.
El comité rechazó la decisión de los tribunales venezolanos de mantener privados de libertad los trabajadores, basándose en supuestos «mensajes contrarevolucionarios».
En un comunicado de prensa, el comité aseguró que a los detenidos «se les acusa de hechos supuestos, subjetivos, sin pruebas. De querer asaltar un alistamiento militar con 120 fusiles en Mérida (oeste), secuestrar a los padres del (ex)ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, y realizar actos de sabotaje el 5 de julio contra Nicolás Maduro». EFE
