Por: Alfredo Tineo
A más de cuatro meses del doble terremoto que afectó al estado: los afectados siguen sin una adecuada hoja de ruta que permita aliviar parte del sufrimiento que la catástrofe natural dejó a su paso.
Los trabajos de recolección de escombros, marchan conforme a sus cronogramas; no ocurre lo mismo con los créditos ofrecidos con subsidios; mucho menos, con una oferta habitacional que permita a las familias damnificadas, soñar con un pronto regreso a la «normalidad».
Los trabajos de recolección dejan al descubierto otro gran problema no tratado hasta el momento: La multipropiedad de los terrenos.
Si bien los espacios donde estaban esos edificios colapsados, pertenecen a distintos copropietarios y por tanto, están facultados para vender; la realidad es que, tendrán que soportar todo tipo de trámites que pasan por registros, derechos sucesorales y hasta posible intervenciones por parte de tribunales de protección a niños, niñas y adolescentes.
Los copropietarios tienen la obligación de delimitar sus legítimos espacios; corresponde a las autoridades: evitar ocupaciones por invasiones, o el lugar para botar basuras y residuos.
Un inmueble en construcción en la actualidad, pudiera pasar los ciento cincuenta mil dólares por unidad; dudo mucho que pueda haber capacidad de pago para ese tipo de monto. Por lo general, el valor del terreno en un proyecto habitacional en Venezuela, no supera el 20% del total de la inversión.
Este desafío es quizás más complejo que la difícil tarea previa.
Quienes deben abordar el tema, han mantenido un total hermetismo y una gran opacidad sobre lo que viene.
Difícilmente, un inversionista esperará por el acuerdo que lleguen sus copropietarios. El decreto de emergencia no puede ser utilizado solo para negociar jugosos contratos; debería servir para la búsqueda de soluciones habitacionales y aumentar la oferta para aquellos que perdieron sus viviendas.
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