Basta salir a cualquier calle, avenida o esquina de nuestras ciudades para presenciar la misma escena: una marea incesante de motocicletas que se desplaza a velocidad desmedida, serpenteando entre los vehículos, invadiendo el paso de los peatones y desafiando impunemente cada señal de tránsito. La estampa cotidiana ha dejado de ser una simple molestia de circulación para convertirse en una verdadera crisis de seguridad ciudadana y de salud pública.
No se trata de ignorar la realidad económica. La motocicleta se ha consolidado en Venezuela como una herramienta indispensable de trabajo y movilidad. Es el sustento de miles de familias a través del servicio de delivery, el mototaxis o el traslado diario hacia los centros de trabajo. Además, dinamiza un sector comercial significativo en la venta de repuestos, ensamblaje y mantenimiento. Sin embargo, el progreso económico de un sector no puede construirse sobre el colapso del orden social ni sobre el costo de vidas humanas.
Día a día presenciamos tragedias anunciadas. La imprudencia ha normalizado escenas desgarradoras: familias enteras sobre dos ruedas, niños pequeños apretujados e indefensos entre dos adultos en trayecto a la escuela, y maniobras de alto riesgo que terminan engrosando las escalofriantes estadísticas de fallecidos, amputados e incapacitados en los hospitales del país. Lo más grave de este escenario es la pérdida del principio de autoridad: cuando los propios funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se desplazan sin casco, ignoran la luz roja o transportan exceso de pasajeros, el mensaje que se envía a la ciudadanía es el de la anarquía tolerada.
El Estado, en sus tres niveles de gobierno —nacional, regional y municipal—, no puede seguir actuando como un espectador pasivo frente a esta epidemia vial. Es imperioso legislar, organizar y fiscalizar bajo una premisa innegociable: la vida y la prioridad del peatón deben estar por encima de la prisa o la conveniencia individual.
Para transformar esta realidad, se requiere un plan de acción integral sustentado en cuatro pilares fundamentales:
Régimen de Tolerancia Cero e Idoneidad Institucional: La ley debe aplicarse sin excepciones y empezar por casa. Es urgente sancionar severamente a los funcionarios que violen las normas. Asimismo, debe prohibirse de forma categórica el traslado de niños en motocicletas y el exceso de ocupantes, aplicando la retención del vehículo a quienes pongan en riesgo la vida de los más vulnerables.
Formación Obligatoria y Venta Responsable: Conducir no es un derecho irrestricto, es una responsabilidad. Debe exigirse la aprobación de cursos teórico-prácticos de conducción defensiva antes de otorgar o renovar la licencia. Ningún concesionario o particular debería vender una motocicleta sin que el comprador presente su licencia vigente, certificación de formación y póliza de seguro de responsabilidad civil.
Corresponsabilidad Empresarial: Las plataformas de delivery y las líneas de mototaxis deben ser reguladas. Es necesario eliminar las métricas de tiempo de entrega agresivas que obligan a los repartidores a correr contra el reloj a costa de su propia vida y la de terceros.
Protección del Espacio Peatonal y Rediseño Vial: Las aceras, bulevares y pasos peatonales pertenecen al ciudadano de a pie. La instalación de barreras físicas, la delimitación de zonas de parada exclusiva en semáforos (motoboxes) y la señalización adecuada son pasos indispensables para devolverle la tranquilidad al peatón.
El tránsito de un país es el reflejo más fiel de su educación y su respeto por el prójimo. Poner orden en las vías no significa perseguir al trabajador de la moto; significa protegerlo a él, a su familia y a toda la comunidad. Es hora de dejar atrás el caos y asumir, entre autoridades, empresarios y ciudadanos, el compromiso ético de construir carreteras y calles seguras donde la vida vuelva a ser la prioridad.
Ronald Ugueto
Ciudadano de Vargas
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