Anatoly Kurmanaev ha reportado sobre La Guaira, Venezuela, a lo largo de 12 años, incluso tras los terremotos gemelos del mes pasado.
Conocí a Jacqueline Zúñiga en la ciudad portuaria de La Guaira, justo cuando Venezuela empezaba a sumirse en una crisis económica de la que nunca ha salido.
Era 2014 y yo acababa de mudarme a Venezuela como reportero novato. Quería saber cómo reaccionaba la base del Partido Socialista en el poder ante el colapso, y leí en internet sobre el trabajo de Zúñiga.
Zúñiga, que siempre ha creído en las causas sociales, dirigía un proyecto de derechos de las mujeres en La Guaira, uno de los miles de los llamados “movimientos sociales” que servían de base a la pirámide de poder del gobierno.
Zúñiga acababa de conseguir decenas de apartamentos para su grupo en unas nuevas torres de viviendas construidas por el gobierno en el este de La Guaira, una franja estrecha y destartalada de concreto entre las montañas costeras de Venezuela y el mar Caribe.
A pesar de los crecientes problemas económicos, fue un momento de enorme orgullo y, para algunos, el mayor logro de sus vidas.
La semana pasada, volví a encontrarme con Zúñiga y regresamos a esas torres. Casi todas habían quedado reducidas a escombros. Vimos cómo los equipos de rescate sacaban bolsas con cuerpos, una tras otra, de entre las ruinas.
Esas torres estaban entre el mar de edificios que quedaron destruidos por los dos potentes terremotos que sacudieron Venezuela el mes pasado. Los terremotos han causado más de 3800 víctimas mortales, la mayoría en La Guaira.
Zúñiga, que ahora tiene 52 años y algunas canas, había conocido a muchas de las víctimas del terremoto a lo largo de sus tres décadas de activismo social en un pequeño estado donde todo el mundo parece conocerse. Mientras manejábamos por la ciudad destruida, el paisaje le traía a la mente un montón de recuerdos.
Mencionó a amigos cercanos, vecinos y conocidos lejanos. Habló de gente con la que se cruzaba a menudo en panaderías, bancos y mercados. Había enemigos políticos, gente con la que había competido por los recursos cada vez más escasos de un Estado en bancarrota.
Todos estaban muertos o desaparecidos.
La destrucción física de La Guaira se produjo tras el desmoronamiento del proyecto político al que Zúñiga ha dedicado su vida. Cuando nos conocimos, Hugo Chávez había fallecido el año anterior. La revolución socialista que él proclamó tras convertirse en presidente de Venezuela en 1999 ya estaba en declive.
El modelo económico de Venezuela, basado en el control de precios y divisas e inspirado en el sistema estatal cubano, se derrumbó como un castillo de naipes cuando los precios del petróleo se desplomaron en 2014. La corrupción y la incompetencia del gobierno de Chávez se hicieron evidentes cuando terminó la bonanza petrolera.
Venezuela, que en su día fue el mayor exportador de petróleo del mundo, perdió la mayor parte de su producción económica y, a lo largo de la década siguiente, millones de venezolanos —hasta uno de cada seis— se dispersaron por todo el mundo.
La incursión estadounidense de enero, que derrocó al sucesor elegido a dedo por Chávez, Nicolás Maduro, fue el epílogo de un experimento socialista que, el año pasado, ya existía en gran medida solo en papel. El partido socialista sigue en el poder, pero está bajo el control del gobierno de Donald Trump, que se concentra en exportar los recursos venezolanos a Estados Unidos.
Durante la última década, el grupo de Zúñiga intentó mantener sus iniciativas sociales. Sus miembros crearon talleres de ebanistería y proyectos de turismo y de agricultura urbana, todos ellos con el objetivo de empoderar a las mujeres de clase trabajadora.
La mayoría de estas iniciativas fracasaron.
A medida que se agravaba la crisis económica de Venezuela, Zúñiga y su grupo se vieron envueltos en disputas cada vez más intensas con facciones rivales del partido gobernante por los beneficios cada vez más escasos del sistema clientelar del gobierno. Ella cayó en desgracia con las autoridades actuales de La Guaira.
Algunos de esos enfrentamientos políticos fueron duros, con desahucios y redadas policiales. Otros fueron tragicómicos. Una amiga de Zúñiga, Joanna Corro, contó cómo, una vez, su grupo secuestró brevemente a un funcionario de vivienda para conseguir una mayor cuota de apartamentos.
Estas eran algunas de las mismas viviendas que Zúñiga y yo visitamos en 2014, poco después de que los primeros vecinos se mudaran desde los barrios marginales cercanos. Estos edificios se conocen como OPPPE, una abreviatura que refleja la complejidad de la burocracia venezolana. Significaba Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, aunque pocos residentes lo sabían.
Muchos habían sido víctimas de los deslaves repentinos de 1999 que arrasaron sus antiguos hogares en los barrios marginales de las laderas de La Guaira, un desastre que quienes vivían ahí llaman simplemente “la tragedia”.
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